Desecación de las marismas de Doñana. Los estragos que el gobierno andaluz prepara para el privilegiado espacio
Hace ya cinco años escribía sobre Doñana ensalzando sus muchos valores y advirtiendo (como muchas organizaciones ecologistas) sobre las amenazas que pesaban sobre un espacio excepcional.
Y es que el
Parque Nacional de Doñana es un mosaico de ecosistemas que albergan una
biodiversidad única en Europa. Allí confluyen playa, dunas, cotos,
marisma...que le dotan de una personalidad también única. Estimó la Unesco para
declararlo Reserva de la Biosfera en 1980, que su importancia se basaba en la
variedad de ecosistemas que alberga y el alto número de especies que
representa. Con tierras que son ricas y fértiles, al depositar la marea
sedimentos que enriquecen sus suelos. Cumplen las marismas importantes
funciones amortiguando y minimizando los efectos de las corrientes marinas
cuando sopla fuerte viento o arrecian las tormentas. Y son especialmente
vulnerables y frágiles, además de tener extraordinaria importancia como lugar
de paso, cría e invernada para miles de aves europeas y africanas.
En 2000,
el Ministerio de Medio Ambiente, tras la catástrofe de Aznalcóllar, que no
llegó a afectar directamente al parque, promovió el programa "Doñana
2005", cuyo fin era la regeneración hídrica de las marismas. Y aquí
estamos, en 2022 que vuelve la amenaza de colapso de todo el sistema hídrico
como consecuencia de intereses económicos ilegítimos, que ponen en solfa el
patrimonio común y su futuro.
Al río que
la baña, el Guadalquivir, también le llegan amenazas que comprometen la
conservación de Doñana, en forma de vertidos contaminantes, alteraciones como un
pretendido dragado que destrozaría el lecho del río, sustracción de sus aguas
mediante extracciones legales e ilegales etc…
Cuando se
pone en peligro la marisma, se ponen en peligro, ecosistemas muy valiosos y
necesarios para gran cantidad de especies de fauna y flora, pero no solo para
ellas, también para los pueblos de la zona que tienen en la conservación del
humedal la mas clara garantía de futuro. Es decir, es inexcusable mantener su
integridad. Sin embargo, viene siendo acosado permanentemente por todo tipo de
proyectos. Desde los años noventa, el acoso ha sido recurrente, y las presiones
han sobrevolado permanentemente sobre tan frágil y valioso ecosistema.
Ya en 2010, los
de extracción de hidrocarburos, que puso en evidencia la desvergüenza de Felipe
González, al aprobarse mientras presidía el Consejo de Participación del
Espacio Natural Doñana, a 300 metros al norte del espacio protegido, un
gasoducto de 18 kilómetros y cinco pozos de extracción de gas, por parte de la
empresa filial de Gas Natural, Petroleum Oil & Gas España. Tres meses
después de aprobarse ese proyecto, era fichado como consejero de Gas Natural
Fenosa. El descaro con el que cruzó la “puerta giratoria” es manifiesto. A
pesar de las demandas de los ecologistas, el Consejo de Participación no emitió
ninguna opinión o informe sobre aquel proyecto con la excusa de que ni siquiera
tocaba los límites del Parque Natural, aunque afectaba a zonas LIC y ZEPA
igualmente protegidas por la Unión Europea. La administración autonómica en
manos del PSOE apoyaba el proyecto. En 2013 el Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente con Arias Cañete dirigiéndolo, emitió una Declaración de Impacto
Ambiental a favor de un proyecto de extracción y almacenamiento de gas, esta
vez ya sí, en el interior del Espacio Natural Doñana, que incluía la
construcción de siete pozos y 24,5 kilómetros de gasoductos y líneas eléctricas
acompañantes. El proyecto afectaba a los pinares de la zona norte del Parque
Natural de Doñana, una de las zonas de cría y dispersión más importantes de
lince ibérico.
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Desde luego,
ni las especies que habitan el parque ni los municipios del entorno salían
beneficiados de esta cesión, pero tampoco la sociedad española ni la europea,
que llevaba cuarenta años invirtiendo recursos humanos y económicos para
conservar el valioso espacio.
La
pretensión de Gas Natural era almacenar el gas procedente de Argelia,
convirtiendo así, una parte de la provincia de Huelva en un inmenso almacén
desde el que bombear después. En su día visitamos y denunciamos la ampliación
de esas conducciones que se acometieron en 2016, Juan López de Uralde y yo
misma.
Por si todo
esto no fuera suficiente, añadamos estos días la noticia de que el PP andaluz
ha preparado una norma para regularizar la mayoría de las 1.600 hectáreas que
usan agua de Doñana de manera ilegal.
Normalizar y dar carta de naturaleza a los
múltiples pinchazos ilegales en el acuífero, ejecutados por una agricultura
insostenible, que extrae por encima de la capacidad de recarga del mismo, es
acabar de rematar el privilegiado enclave y además sentenciar el futuro de las
explotaciones, tanto las legales como las ilegales beneficiadas por el
disparate. Una extracción, -más allá de lo razonable-, de agua del acuífero que
es el corazón de la marisma, y que se suma a la contaminación de las
mismas con pesticidas y productos usados en la agricultura intensiva que lo
cercan y que también es alta.
Es tal el despropósito,
que cabría esperar que esta iniciativa del gobierno andaluz no prosperase en el
Parlamento de Andalucía. Si se llegase a aprobar, significaría amnistiar más
del 85% de la actual superficie ilegal. Teniendo en cuenta que la legislatura
enfila su recta final, la intención del PP es conseguir la aprobación por el
procedimiento de lectura única para así aligerar los plazos, lo que requiere el
acuerdo unánime de la Junta de Portavoces del Parlamento. Espero que este
momento no llegue. Habla el PP de “armonizar la situación actual”, y con ello, lo
que pretende es enmendar algunos aspectos del Plan Especial de
Ordenación de la Corona Forestal de Doñana, aprobado en 2014 por la Junta
de Andalucía que presidía Susana Díaz y que pretendía regular las zonas de
regadíos ubicadas al norte del espacio natural, sin embargo, los cultivos de
frutos rojos han seguido creciendo, esquilmando cada vez más los recursos hídricos
de Doñana y produciéndose enfrentamientos cuando se han cerrado pozos ilegales.
Y es que los suelos pasaron de uso forestal a agrícola sin considerar que
incluyeran derechos de agua. Ahora el PP con su proposición de ley quiere
amnistiar una mayoría de las 1.600 hectáreas que, según sus cálculos, exportan
por valor de unos 100 millones €.
Con la
amnistía, el PP plantea una modificación de la Ley Forestal andaluza, para poder considerar estos suelos como
"de base agrícola que soportaron un cultivo forestal de ciclo corto”, es
decir, asumir que históricamente fueron agrícolas, y durante un corto periodo
se plantaron eucaliptos para obtener celulosa y por ello estaría justificado
volver a considerarlos agrícolas y “regables”. Y esto no solo no puede ser así,
sino que habría que reducir el exceso de regadíos que ya hay.
Por eso WWF y Ecologistas en Acción de Huelva se han manifestado con contundencia
sobre esta propuesta del PP que “supone
no sólo una burla a la sociedad española y a los organismos internacionales,
sino uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración
en la historia de este espacio protegido", además de implicar un
"descrédito internacional incalculable para nuestro país y especialmente
para la Junta de Andalucía y sus supuestos esfuerzos para salvar Doñana de la
desecación".
En definitiva, muchos intereses de los empresarios de la industria agroexportadora de frutos rojos, y poca consideración por un patrimonio común que necesitaremos para el futuro.
Artículo
publicado en “Ecologismo de Emergencia” blog de Público.es el 14 de enero 2022:
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