La Participación Ciudadana en el Diseño y la Intervención Urbana. Mecanismos democráticos. El caso del Bosque Urbano de Málaga

 

El conflicto que mantiene una plataforma ciudadana con su ayuntamiento, me sirve para poner el foco sobre la participación ciudadana en las decisiones relevantes para la ciudad. El desarrollo de determinados proyectos urbanísticos, en ocasiones choca con determinados colectivos que no se sienten identificados o directamente rechazan los proyectos y las formas de abordarlos, al no dar pie al debate público sobre el mismo y al no analizar/explicar si contribuirá al bienestar general o, por el contrario, contribuirá o se percibirá como perjudicial.

La ciudadanía que se organiza, no siempre acepta la política urbanística de hechos consumados emanada de decisiones unilaterales que no han tenido reflejo previo en programa electoral alguno. Es ciudadanía que aspira a que quien gobierne su ciudad, permita que, sobre los desarrollos planteados, se pueda debatir y proponer alternativas al uso de terrenos públicos, de manera que se permita el disfrute de vecinos y vecinas, en lugar de que sean enajenados. En este caso concreto, la aspiración vecinal es establecer una gran zona verde de algo menos de 18 Hectáreas, sin cemento ni hormigón para que se pueda asentar un “Bosque Urbano” en el interior de una de las zonas mas densamente pobladas y con menos dotación de equipamiento verde. Esta es la aspiración colectiva. Y se enfrenta a la ofensiva sin cuartel de un gobierno municipal que ha decidido que “sus gobernados” -a los que debería rendir cuentas de su gestión-, no tienen nada que decir si el alcalde ya ha decidido cosa distinta sobre el destino del suelo.

  A principios de 2016, el pleno del ayuntamiento de Málaga, en una de sus sesiones plenarias, aprobó organizar una consulta sobre el destino del enorme solar en conflicto, de un barrio, no solo muy poblado, sino además, con escasez de espacios verdes. El destino de esos terrenos (177.000 m²) condicionará el tipo de ciudad que será Málaga, de ahí la relevancia de la consulta que se propuso.

Podemos afirmar y no nos equivocaremos, que la acción de gobierno municipal en Málaga, habitualmente maniobra buscando la forma de limitar la participación ciudadana en asuntos que afectan directamente a cómo se organiza el entorno en que vivimos las ciudadanas y ciudadanos.

El gobierno municipal, encabezado por el alcalde Francisco de la Torre, mantuvo guardado en un cajón el informe positivo del interventor municipal sobre la posibilidad de hacer dicha consulta ciudadana para definir de manera participativa el destino de los terrenos donde se ubicaron los antiguos depósitos del terminal petrolífero de Repsol retirados tiempo atrás.

El PP votó en su día a favor de esta consulta, pero, a continuación, maniobró para conseguir que no se hiciera. Paradójicamente, el Concejal de Participación Ciudadana, en lugar de estimular la participación, afirmaba entonces, que esa figura de consulta no aparecía en el articulado de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. El partido Ciudadanos también cuestionó la legalidad de la consulta. Y había que aclararles que, aunque no aparezca, ello no significa que no sea posible y, como indicaba Ángel Sánchez en un artículo publicado el 30 de octubre de 2016 en la Opinión de Málaga¹: “Es una paradoja que el responsable de participación se desprenda de una figura significativa de participación ciudadana en la gestión municipal y, en la paradoja, concurre que la afirmación la realiza, sin la menor referencia a la legislación local…”. En ese artículo, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga incluía otros argumentos jurídicos que cuestionaban la sesgada interpretación del concejal.

También se daba por entonces la paradoja, de que, en relación a la declaración de BIC para la Farola, fuese precisamente la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, la que anunciase que presentarían alegaciones a esa declaración de BIC. Es irónico que sea la responsable de proteger el patrimonio, la que se manifieste contra esa protección. Y en este caso, vuelve a concurrir un conflicto con otra plataforma ciudadana, “Defendamos Nuestro Horizonte, que se opone a la construcción de un rascacielos en el puerto de Málaga, a la que ni el gobierno municipal, ni la autoridad portuaria quieren atender.

La reflexión general en relación al bosque urbano que se reivindica para Málaga, es sobre el papel que los políticos deben jugar en la gestión de los bienes comunes y del interés público. El PP ha gobernado y sigue gobernando con un modo de gestión de arriba abajo. Piensan la ciudad que quieren, en base al modelo neoliberal en el que creen. Tutelan a los ciudadanos y dificultan o directamente impiden, que la ciudadanía organizada, cree o diseñe propuestas alternativas y participe activamente en el diseño del espacio que habita.

Por supuesto, cada cual fundamenta su actuación política en un marco conceptual. Yo lo hago en el de la ecología política, y propongo un proyecto “verde” para esos terrenos. Da la casualidad que la propuesta ciudadana en este caso, coincide con mis aspiraciones. Pero asumo, como toda organización política debería hacer, como hace Alianza Verde y otros partidos de la izquierda asamblearia, que hay que facilitar e incorporar todo lo posible, la participación de los vecinos en el rediseño del proyecto. Especialmente, cuando se está comprobando en cada actividad que organiza la Plataforma Bosque Urbano Málaga (BUM), que se van sumando a la petición, mas voluntades de la sociedad civil organizada en asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas, sociales y también partidos políticos, que sí creen en la participación de los comunes y apoyan su legítima reivindicación.

La historia de este caso comenzó con una petición en la plataforma change.org que sumó muchas firmas. Las suficientes para que acabara surgiendo una sólida Plataforma que entre los pasos que fue dando, acabó acudiendo a sus representantes en el ayuntamiento con una petición alternativa a la inicialmente propuesta en el PGOU de ese momento y no ejecutada.

La plataforma municipalista Málaga Ahora propuso en su día en el pleno esa consulta ciudadana para dar cauce a la participación y fue apoyada por todos los grupos. En el Pleno intervinieron vecinos, profesores de universidad y en el debate se defendió la propuesta del Bosque Urbano, se habló del proyecto original del ayuntamiento y de propuestas alternativas. Dio la sensación de que se escuchaba e incorporaba a la ciudadanía a la toma de decisiones, explicándoles los condicionantes previos. Se teatralizó una suerte de debate público, no del todo equitativo, pero sí ofreciendo la imagen de que se asumirían las conclusiones del debate y el resultado de la votación. Sin embargo, el gobierno municipal en manos del PP se ocupó de convertir aquello en una pantomima.

Cuando se grita en las manifestaciones “No nos representan” se está diciendo que, además de votar, en un sistema democrático, hay que posibilitar y canalizar la participación de los representados, cuando estos acuden a sus “representantes”.

Es necesario transitar de modelos de gestión de arriba a abajo, como el que aplica el equipo de gobierno del PP, a los que se nutren de abajo a arriba, -de la raíz a las hojas-.

No todo lo que se proponga será técnicamente posible, o legalmente posible; pero tiene que existir la posibilidad de poner en marcha proyectos compartidos que incorporen el poder creativo y la participación de los ciudadanos y los vecinos, aunque voten a partidos distintos.

Así que, a diferencia de la postura del concejal de participación que buscó argumentos legales para limitar la participación que debería defender institucionalmente, todos los “representantes de los ciudadanos” salidos de las urnas, deberían buscar los cauces para que los vecinos puedan expresarse y tomar parte activa en la toma de decisiones sobre proyectos de envergadura que les afectan directamente.

Resumiendo, los políticos además de defender los marcos conceptuales de gestión que cada cual tiene, respetables, aunque no sean compartidos, deben escuchar a sus representados y trabajar para mejorar los cauces de participación, nunca limitarlos.

Y es que hay Dos Modelos Contrapuestos de Intervención Urbana que podemos ver en esta ilustración:

 

En el caso que nos ocupa de la Plataforma Bosque Urbano, se ha dado finalmente la vuelta de tuerca mas llamativa del consistorio malagueño, en su carrera para acabar con la participación, ya que, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha solicitado el pago de las costas procesales, que, según estima Urbanismo, ascendería a 223.500€, basándose en el supuesto valor de la parcela que tratan de enajenar y al que el colectivo se opone por tener una propuesta alternativa para ese suelo público. Es un intento claro de amedrentar a la plataforma, enviándole un mensaje para que desista de seguir con el contencioso, ya que para iniciar el litigio hubo que poner en marcha una colecta, en la que han recaudado algo más de 11.000 €. Y parece evidente que la pretensión es enviar ese mismo mensaje a cualquier plataforma o colectivo que pretenda oponerse a los planes y al urbanismo diseñado por el gobierno municipal.

Conclusión:

Necesitamos procedimientos de deliberación y legitimación colectiva, que abran el debate informado a la ciudadanía y nos pongan en camino de preparar el futuro de la ciudad.

 

¹ http://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2016/10/30/consulta-popular-terrenos-repsol/886255.html