¿Qué tiene que ver la gentrificación con el derecho a la ciudad? ¿dónde queda la sostenibilidad urbana cuando mercantilizamos la ciudad?

Al saber que una promotora de Madrid quiere derribar viviendas ubicadas en el barrio del Perchel en Málaga para hacer viviendas turísticas, me gustaría compartir alguna reflexión al respecto. 

Estas promotoras aterrizan en la ciudad coaccionando a los vecinos, cuyas casas, -en las que viven de alquiler-, son los hogares que no quieren perder, a pesar de que los están sometiendo a un proceso de deterioro intencionado. Pasarían así (de consumarse) a engrosar, el ya abundante en Málaga, catálogo de apartamentos “de lujo” (o sin lujo) con destino turístico.

En Málaga este proceso gentrificador ya ocurrió en su centro histórico con resultado devastador. La población de la almendra histórica, la zona en el interior de la antigua muralla, se ha reducido de forma incesante y aún hay vecinos abandonándolo incapaces de soportar una metamorfosis tan nociva para la convivencia vecinal. Los residentes son expulsados para convertir el área en una atracción turística saturada y mercantilizada. En el proceso se produce un forcejeo entre la escueta comunidad de vecinos resistentes y el poder económico que acaba imponiendo su yugo.  Se va perdiendo el comercio tradicional y todo lo que era original y que mantenía la riqueza local y el patrimonio cultural y humano. En el centro de Málaga ahora sólo queda restauración, nueva hostelería y franquicias.

A los vecinos los expulsa no sólo la carestía que genera la gentrificación, sino también la pérdida de equipamientos y servicios que lleva asociada, sobre todo para niños y ancianos. Esto supone una pérdida de diversidad urbana que dificulta mucho la habitabilidad y sostenibilidad de la vida a quienes habitan los centros urbanos. El desalojo del pequeño comercio es en beneficio de grandes cadenas, que expulsan y provocan el cierre de los pequeños negocios especializados. Se genera así una desorganización de las comunidades vecinales y del entramado de relaciones que sostiene y configura un espacio urbano habitable. Así que no sólo es un problema de vivienda sino también de pérdida y muerte lenta de la propia ciudad que empieza a transmutarse en un parque de ocio para visitantes itinerantes cada vez más artificioso.

Así es como desaparece el vecindario de los centros históricos de las ciudades con potencial turístico. Y con el tiempo esta perturbación en la dinámica urbana se acaba extendiendo como una mancha de aceite hacia los barrios adyacentes, como el caso citado del Perchel, de la Trinidad o como el de Lagunillas, provocando incrementos en los precios de alquiler y compra, de viviendas y locales, generando, con demasiada frecuencia, una burbuja que dificulta el acceso a viviendas dignas del ahora abundante “precariado”, bien representado entre los jóvenes.

La gentrificación es un ejemplo más del resultado injusto de aplicar los dictados de la economía capitalista globalizada a la ciudad y sus habitantes. Obedece a intereses ajenos a la comunidad residente, con efectos devastadores para las dinámicas urbanas. La premisa de partida es lograr el “máximo beneficio”, en este caso especulando con la vivienda, que deja de ser un derecho para convertirse en una mercancía mas del mercado global, compitiendo deslealmente también con modelos de alojamiento turístico reglados y mejor integrados en nuestras ciudades. Pero ¿quién maximiza beneficios? ¿quién gana y quién pierde?

No confundamos el proceso especulador de la gentrificación, con procesos de renovación urbana en los centros con el objetivo de sanear la ciudad, aunque suele generarse tras esta renovación auspiciada desde lo público. Sus resultados son, primero, la vivienda-mercancía y luego la ciudad-mercancía. Su fin es la explotación turística para extraer grandes plusvalías a través de la puesta en valor del entorno arquitectónico y patrimonial de la ciudad a costa de expulsar y limitar, de facto, los derechos de los ciudadanos, en su sentido etimológico.

Las grandes plusvalías que produce la gentrificación son el principal motor del proceso que suele seguir una dinámica establecida: primero se da una etapa de descapitalización y desvalorización de la zona, que permite grandes diferencias entre el valor del suelo del sector degradado y el valor potencial que por su ubicación podría tener. Una vez iniciado el proceso, el efecto de contagio se encarga de expandirlo. Las viviendas son demolidas casi o en su totalidad, pero estructuralmente todavía conservan su “encanto”, falseando el patrimonio o apoyándose en el paisaje del conjunto. Que el gentrificador compre la vivienda o la alquile no supone ninguna diferencia para el proceso.

Este ejemplo evidencia que, si no se regula el mercado de la vivienda, acaba ganando el mercado financiero especulador e invasivo. El capital financiero se dirige a inversiones especulativas en el mercado inmobiliario en todas las ciudades globales. Sobran ejemplos que muestran que el mercado no se autorregula y que esa falta de regulación en el acceso a los bienes a los que tienen derecho los ciudadanos es injusta y genera desigualdad. Si se deja en manos del mercado, no habrá sostenibilidad urbana y nuestras ciudades acabarán/seguirán centrifugando a sus vecinos. Los ayuntamientos tienen que ser competentes y valientes para enfrentar esta amenaza y estar claramente del lado de los ciudadanos, no convertirse en gestores de servicios para parques de atracciones urbanos. Hay que dotar de recursos a los poderes públicos para que tengan un peso decisivo en el mercado inmobiliario local y así evitar o revertir estas situaciones, que son injustas y causan sufrimiento. El ayuntamiento de Málaga, sin embargo, mas parece un potenciador de los procesos especulativos en la ciudad.

La lucha por hacer posible la vida en la ciudad a precios asequibles está también claramente vinculada al cuidado del medioambiente y la explicación es clara. Cuando no hay viviendas en el mercado con precios asequibles en la ciudad, la gente se marcha a las afueras, la ciudad se extiende y dispersa, se generan ciudades dormitorios y el uso del automóvil es imprescindible.  Se potencia, en suma, un estilo de vida que no es ecológico ni sostenible; por lo que medidas regulatorias en políticas de vivienda urbana hacen falta por su interés social pero también por su interés ecológico.

Las ciudades más vivibles son las compactas y diversas y por eso tenemos también que parar la gentrificación. La Nueva Agenda Urbana que se aprobó en Quito, plantea la urgencia de cambiar los modelos actuales de crecimiento urbano, afrontando los desafíos del cambio climático y la resiliencia. Busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas, limitando el crecimiento exponencial de la superficie urbanizada. Porque la expansión física de las ciudades ha crecido varias veces más que la población que las habita y eso ha supuesto el crecimiento exponencial de las demandas de movilidad, la pérdida de suelos de alto valor agrícola, ecosistemas y paisajes. Además, sigue en aumento el porcentaje de la población mundial que vive en ciudades.

A los ciudadanos nos toca exigir derechos, como el acceso a la vivienda y a espacios de participación real que nos permitan intervenir de forma efectiva en el desarrollo de la ciudad que queremos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es un buen ejemplo de un activismo comprometido y efectivo de lo primero y la lucha de la plataforma por un Bosque Urbano para Málaga (BUM) de lo segundo.

Los poderes y gestores públicos deben garantizar la identidad y calidad de la ciudad como espacio público compartido a través de políticas de planificación y diseño urbano en el que la participación de vecinas sea determinante. La promoción e incremento de parques públicos de viviendas de alquiler es imprescindible y estos deben ser intransferible a fondos buitres.

Hace falta mucha energía social y aportación crítica para conformar una nueva política en materia de vivienda y ciudad. Y esa energía volcarla en la necesaria transición hacia modelos urbanos más sostenibles y menos vulnerables ante la crisis social, financiera, energética y climática.

 

Publicado enRevista El Observador el 11 de noviembre de 2021