El descontrol como herramienta de gestión: desregulación exprés para Andalucía
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de
mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad
productiva de Andalucía. La protección en caída libre.
La publicación del Decreto-Ley aprobado por el gobierno andaluz es un
retroceso indiscutible por mucha verborrea que se quiera usar en su defensa.
Anula alegremente las ya reducidas, a lo largo de los últimos años, garantías
ambientales de las normas andaluzas, relajando toda la regulación desarrollada desde que nuestra comunidad se hizo cargo de las
competencias transferidas. Y por supuesto, supone un atentado a la
participación pública, ya bastante limitada. Esta es la autopista por la que
quiere circular el ultraliberalismo: decretos desregulatorios como el aprobado
por el gobierno andaluz.
En la exposición
de motivos del decreto, como era esperable en este “ideal económico-ideológico”
al que nos tienen acostumbradas, se plantea como fundamento de esta decisión la
previsión de una mayor desaceleración del crecimiento
económico. Un crecimiento que es paradigma incuestionado a pesar de
contradecir la lógica más elemental. Se afirma: “La consecuencia más inmediata de la crisis, además de una reducción en
el crecimiento económico, sería, sin duda alguna, una menor creación de
empleo.” Esta es otra de las constantes en el modelo neoliberal imperante
del que el gobierno andaluz es fiel representante. Apela a que la desregulación
de numerosas actividades económicas, sirve al bien superior de la creación
de empleo, y así se justifica toda actuación dirigida a su consecución, aunque
no se garanticen, por supuesto, retribuciones decentes ni condiciones dignas.
El decreto,
en definitiva, es resultado de” haber identificado
las barreras a la actividad contempladas en los articulados de numerosas normas
que componen el cuerpo legislativo andaluz”. Es pues la intención del
gobierno andaluz modificar las regulaciones en todas las áreas en que tiene
transferidas competencias, y esa modificación va en la línea de “aligerar” los
requisitos que se deben cumplir para conseguir permisos en cualquier actividad:
agricultura, pesca, energía, en materia de aguas que discurran íntegramente por
la autonomía, en la sanidad, urbanismo, ordenación del territorio, medio
ambiente, actividad comercial, artesana, protección del patrimonio histórico,
servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local, turismo… Y apela al
uso de la figura de Decreto –Ley por
una supuesta urgencia por coyuntura económica problemática.
Afirma el
documento que hay exceso de regulación y costes para las empresas, así como barreras
a la libre competencia. Como si lo determinante para garantizar la libre competencia
sean los días transcurridos hasta obtener los permisos de construcción, o los
permisos para cualquier otra actividad, para lo que la solución arbitrada son
los trámites simplificados, y no
una gestión eficiente de los procedimientos con más personal, si es necesario.
“…perder solo el 10% del consumo de
los turistas extranjeros podría reducir el crecimiento del PIB en cuatro
décimas porcentuales.” “…Es principalmente esta razón la que justificaría la
necesidad urgente de actuar por parte de los responsables políticos, al objeto
de atajar esta más que probable situación, y que podemos definir como
excepcional y de gravedad.” Así reza la redacción del decreto.
Y para
evitar todos los inconvenientes que eso supondría para el sector turístico, que
es uno de los motores de la economía andaluza, se adapta la norma,
flexibilizándola pues la promoción del turismo, según se afirma, exige que la
Administración autonómica ofrezca un marco lo
menos restrictivo posible. Se han puesto en evidencia algunas cosas, como
el hecho de hacer descansar nuestra economía demasiado en un sector que ha
acabado teniendo estructuras sobredimensionadas para atender a muchos millones
de extranjeros. Y a pesar de ello, lo que plantea el decreto es más de lo
mismo. Seguir favoreciendo una gentrificación que desestructura nuestras
ciudades por mor del turismo y la masificación. Así, por ejemplo, el desalojo
del pequeño comercio es en beneficio de grandes cadenas, que expulsan y
provocan el cierre de los pequeños negocios provocando desorganización de las
comunidades vecinales y del entramado de relaciones que sostiene y configura un
espacio urbano habitable. Así que no sólo se ha generado y favorecido un
problema de vivienda, sino que ahora con este decreto, se facilita cualquier
tramitación que lo acelere. Se facilita también la declaración de zonas de gran
afluencia turística y además con carácter indefinido, a efectos de horarios comerciales.
Se puede así certificar la muerte de la ciudad ya transmutada en un parque de
ocio para visitantes itinerantes cada vez más artificioso. Sin contemplar lo
que eso nos deparará en el futuro, simplemente se ahonda en recetas que ya han
menoscabado la riqueza natural y humana de Andalucía.
La
gentrificación es un ejemplo más del resultado injusto de aplicar los dictados
de la economía capitalista globalizada a la ciudad y sus habitantes. Obedece a
intereses ajenos a la comunidad residente, con efectos devastadores para las
dinámicas urbanas. La premisa de partida es lograr el “máximo beneficio”, especulando con la vivienda, con el entramado
urbano, con el suelo, con la ordenación del territorio…. Y el gobierno andaluz
le da carta de naturaleza. No se puede confundir el proceso especulador con
procesos de renovación urbana
en los centros para sanear la ciudad; aunque suele generarse tras esta
renovación auspiciada desde lo público, el proceso gentrificador en que ahora
se profundiza. Sus resultados son, primero, la
vivienda-mercancía y luego la ciudad-mercancía.
Su fin es la explotación
turística para extraer grandes plusvalías a través de la puesta en valor del
entorno arquitectónico y patrimonial de la ciudad a costa de expulsar y
limitar, de facto, los derechos de los ciudadanos.
Las grandes
plusvalías que produce son el principal motor del proceso que suele seguir una
dinámica establecida: primero se da una etapa de descapitalización y
desvalorización de la zona, que permite grandes diferencias entre el valor del
suelo del sector degradado y el valor potencial que por su ubicación podría
tener. Una vez iniciado el proceso, el efecto de contagio se encarga de
expandirlo. La rehabilitación o reconstrucción adecúa las viviendas a un
estándar elevado de vida. Las viviendas son demolidas casi o en su totalidad,
pero estructuralmente todavía conservan su “encanto”, falseando el patrimonio o
apoyándose en el paisaje del conjunto. Que el gentrificador compre la vivienda
o la alquile no supone ninguna diferencia para el proceso.
Otra de las
perlas del decreto es que propone “dinamizar”
la privatización del patrimonio agrario público de la Junta de Andalucía.
Se elimina
la obligación de someter los planes Especiales
y Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable a Evaluación Ambiental Estratégica. Facilitando así la implantación
de infraestructuras, canteras y minas tras un mero informe, que presumo con
poco rigor.
Respecto a
la Ley andaluza de Cambio Climático aprobada antes de finalizar la anterior
legislatura y que ya de partida era bastante laxa, quedará inane con este decreto.
En la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) se reducen plazos en la tramitación
de planes urbanísticos y se disminuyen las exigencias, con lo que se aprobarán proyectos sin las debidas garantías.
Y así con el
resto de normativa andaluza. Bajo el pretexto de agilizar plazos se
eliminan de un plumazo las garantías que deberíamos esperar de nuestras leyes.
Y, en definitiva, lo que este decreto valida es el traslado de estas grandes
plusvalías hacia sectores privativos que se enriquecerán sobre una base
especulativa y no generará valor para el desarrollo de la ciudadanía de esta
tierra. Todo ello eliminando los
controles regulatorios y reduciendo el papel de la administración pública en la
defensa y protección de la naturaleza y de los derechos sociales.
Artículo publicado en Contrainformación el 6 de abril de 2020
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