El suelo, recurso NO renovable en peligro
La ocupación
acelerada de suelos para construir se ha convertido en uno de los problemas ambientales más
importantes en todo el litoral ibérico. La huella de consumo de
suelo por habitante se ha multiplicado enormemente por la expansión
urbanística, con especial gravedad en el litoral mediterráneo. Los 800
kilómetros del litoral andaluz registran cifras de ocupación urbana sin
precedentes. El ejemplo paradigmático está en la Costa del Sol, donde el 90%
es suelo urbanizado. En los últimos 50 años, el suelo urbano se ha
incrementado en un 700%, con consecuencias medioambientales y de
destrucción de paisajes naturales que son muy graves y de difícil o imposible
recuperación. Es demoledor el panorama. Las abultadas cifras de pérdida de
suelos en nuestros litorales no dejan lugar a dudas.
El sellado
de suelos, para darle usos de carácter permanente, de difícil reversión, es
insostenible por ser el suelo un recurso limitado no renovable (su renovación
es bastante mas lenta que la velocidad a la que lo consumimos). Por ello, hay
que plantear en el litoral, no solo el freno a la desmesura urbanística sino la
reversión de usos intentando recuperar suelos ya degradados. Es a lo que
algunos expertos se refieren como “esponjar”
el litoral para hacerlo resiliente a los escenarios que se nos ofrecen. De
seguir en la senda actual sin cambiar la tendencia, nos enfrentaremos a un
futuro, en términos ambientales, demasiado sombrío. Y esponjar, no significa la construcción intensiva de infraestructura
de defensa, como puertos, paseos marítimos y espigones, que ya han afectado
gravemente a la “dinámica” costera y los sedimentos marinos, sino todo lo
contrario.
La ocupación desmedida de suelo ha generado degradación de las
comunidades de flora y fauna, paisajísticas y pérdida de servicios de los
ecosistemas litorales.
Si no se adoptan medidas
correctoras urgentes sobre la saturación urbana en la franja litoral,
asistiremos a una consecuente pérdida de los servicios turísticos al perderse
su atractivo actual. Y eso debería preocupar al sector. El sector turístico
debe ser consciente del riesgo de continuar con la dinámica actual.
Buena parte
de los ayuntamientos costeros de Andalucía prevén en sus planes de ordenación
urbana un crecimiento medio del 60% del suelo construido. Esto
resulta llamativo, cuando El Plan de
Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), del año 2006, estipulaba limitaciones para el suelo urbanizable de
los municipios, de un máximo del 40% del construido en ese momento, justamente
para frenar la por entonces imparable fiebre inmobiliaria. Con la crisis del
ladrillo se congeló el desarrollo urbanístico. Los planes se quedaron sin
ejecutar y a la espera. Pero hete aquí que, con la reactivación económica
vuelven a plantearse. Si el POTA limitaba el crecimiento de suelo urbanizable
al 40%, -y eso ya era demasiado-, ¿cómo es posible que ahora se contemplen
aumentos del 60%? Parece evidente que es la propia administración autonómica,
la responsable de haber desarrollado instrumentos que permiten
interpretaciones laxas de la ley y abren la puerta a incrementos por encima
de lo legalmente reglado. Y eso va contra toda lógica: no se puede multiplicar la superficie construida
asumiendo los planes generales en vigor en todo el litoral. Porque en las
últimas décadas se han recalificado demasiados terrenos y se han otorgado
demasiadas licencias en zonas
protegidas, en áreas inundables y en franjas costeras a pie de playa. Porque
la lógica mas elemental nos está diciendo que no se puede seguir una senda que
al final choca con la realidad. Las administraciones deben orientar las
actuaciones en el ámbito del urbanismo, buscando las claves de un futuro
deseable, anticipándose a posibles situaciones a evitar, como en el caso de los
usos del suelo. Y parece que eso no se está considerando. Y es que, tanto el
planeamiento urbano como el territorial se siguen realizando a partir de los
criterios e instrumentos habituales hasta ahora y que han conducido a una
burbuja y sobredimensión constructiva. Es decir, que han demostrado que no
sirven ya, y debe hacerse un nuevo análisis que actualice tanto los criterios
como los instrumentos y procedimientos de planificación urbanística y
territorial, de modo que se evite la repetición de los graves problemas que el
crecimiento urbano en su forma actual viene ocasionando. De no hacerlo, los
problemas territoriales y urbanos actuales se acentuarán porque
se basan en criterios del corto plazo y provocan una transferencia de las
consecuencias y de impactos complejos, al futuro.
Es precisa una reforma de la Política Urbanística ya que los instrumentos de planificación deben
ajustarse a un diagnóstico previo en aspectos decisivos como: la salud de los
ecosistemas, la medición de su resiliencia, el estudio de las relaciones entre
ecosistemas y la lógica territorial, o la modelización de las consecuencias del
cambio climático y su prevención.
La conclusión es que hay una necesidad urgente de
creación de nuevos marcos de referencia jurídicos respecto de todas las escalas
de planificación (desde la planificación regional y subregional a la urbana)
que atiendan con nuevos instrumentos a los actuales desafíos, y que estos
marcos permitan la intervención de los ciudadanos, porque el escenario futuro es una combinación
de incertidumbre y responsabilidad, y por tanto, sujeto a procedimientos de
deliberación y legitimación colectiva.
Y por
supuesto no olvidar que el recurso suelo,
-que es la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa-, se
renueva en plazos de tiempo demasiado elevados y lo estamos consumiendo sin
considerar lo que nos cuesta su pérdida.
Publicado en Ecologismo de Emergencia el 14 de marzo
2020
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