URBANISMO Y BIEN COMÚN
Somos el país que ha sido capaz de producir durante casi diez años, antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, más vivienda que en el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania juntas.
Y tras esa
“proeza” había que plantar cara a la ocupación expansiva del suelo, y primar la
reutilización y rehabilitación del patrimonio construido y del entorno urbano
y periurbano degradado.
Porque solo es
sostenible aquel desarrollo humano que satisface las necesidades del presente
sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. (Informe Brundtland “Nuestro
Futuro Común” 1987)
Urbanísticamente,
la situación que ahora mismo tenemos es de sobredimensión,
dispersión y segmentación. Y necesitamos alcanzar un uso eficiente del
suelo en las ciudades, no crecer ilimitadamente. Porque hemos generado un impacto imborrable en la calidad de
nuestros paisajes, y mermado los recursos
bioproductivos, de enorme valor para la sustentabilidad de la vida; con el
añadido de que se ha alejado a la mayor parte de la población de acceso a la
vivienda que es un derecho consagrado en nuestra Constitución y en Tratados
Internacionales firmados por España. Así que, entre otras cosas, hay que incorporar
el derecho al acceso a la vivienda como uno de los objetivos centrales de la
actividad urbanística.
El cambio de
modelo urbano-territorial que habría que acometer no solo afecta al
planeamiento, sino a casi todas las políticas y áreas de competencias que en él
confluyen:
- Necesitamos orientar el
urbanismo hacia el modelo de ciudad compacta, diversa, eficiente y
cohesionada socialmente
- Necesitamos hacer un uso
razonable y sostenible de recursos, y para ello no es necesario empeorar
la calidad de vida de la ciudadanía
- Necesitamos cumplir los
objetivos de emisión fijados en los protocolos y acuerdos internacionales.
E incluso ser mas ambiciosos al respecto para preparar un mejor futuro.
Tanto mas, por cuanto nuestro país es especialmente vulnerable a los
efectos constatados del Cambio Climático.
- Necesitamos aprender y asumir
una nueva cultura de la movilidad y accesibilidad que permita cumplir esos
objetivos de reducción de emisiones.
Y, por
supuesto, es una necesidad, incorporar el derecho de acceso a la vivienda
-insisto en ello-, como uno de los objetivos centrales de la actividad
urbanística.
Y junto a
ello, la adaptación de los edificios, infraestructuras y entornos al clima.
Una política
que articule y relacione todas las funciones y actividades que confluyen en los
tejidos urbanos, en los que la proximidad y la habitabilidad reduzcan las
necesidades de movilidad.
Es decir,
usar como criterio fundamental en el desarrollo urbano de las ciudades, la eficiencia
energética y al consumo razonable de recursos. Así
que hay que favorecer la conservación, mantenimiento, rehabilitación y calidad
del parque existente. Realizar un censo de viviendas vacías y planes para
incentivar su puesta en uso mediante alquileres sociales o medidas similares.
Limitar la construcción de nueva vivienda en tanto no se reduzca el parque de
viviendas vacías, que es elevado.
Ejemplo de
desarrollo urbano ineficiente y que no genera un consumo razonable, es el
exceso de suelo calificado para uso de
gran superficie comercial, sin
que se reúnan las condiciones mínimas para ello y condicionando el uso global y
la movilidad, allá donde se implantan. Hemos asistido a una auténtica inflación
de suelos calificados para esos usos, sin que se hayan evaluado correctamente
los impactos que producen en la ordenación del territorio, ni tampoco su
necesidad o utilidad.
Otro ejemplo
de desarrollo urbanístico inadecuado son proyectos como la llamada Operación Chamartín, en este caso en
Madrid, que con el nuevo nombre de
Madrid Nuevo Norte lo tiene todo para ser el gran pelotazo, la gran estafa, que
perjudica al Procomún, ese modelo de gobernanza para el bien común. Desde un
punto de vista político, se comete un gran pecado al transformar el suelo
público en mera mercancía. En palabras de Eduardo Mangada, “La Operación Chamartín es uno de los mayores
escándalos del urbanismo europeo: la entrega de tres millones de metros
cuadrados de suelo público a un banco para que dé cabida en él a sus negocios
financieros durante dos décadas. Cortijo BBVA. Un área privilegiada de la
ciudad donde ir colocando fondos de inversión venidos de cualquier continente
en beneficio de un banco”
Y casos en
el litoral de todo el país abundan demasiado. En Andalucía se estableció un Plan de Protección del Litoral, que a
duras penas intentó evitar el “acoso y derribo” que sufrían las escasas zonas
litorales bien conservadas. Este Plan no impidió que proliferasen proyectos
urbanísticos de dudosa legalidad y necesidad. Finalmente se anuló el Plan por
un supuesto defecto de forma, al aprobarse estando el gobierno andaluz en
funciones. Por supuesto, el actual gobierno, ni se plantea retomar esa
protección necesaria. Se mantienen crecimientos urbanísticos desmesurados en
los planes urbanísticos. La paralización fue temporal por la crisis, pero se
observa la intención de colmatar la mayor parte del litoral y de las áreas
metropolitanas. Tampoco se promueven iniciativas legislativas o normativas que
impliquen garantizar una mínima disciplina urbanística.
Y es que
sería deseable reconocer el urbanismo y el territorio como el “Bien Común” que es. Del mismo modo que
la sanidad y la educación. Esto no es posible pues el suelo urbano suele ser de
propiedad privada.
Reconocer
que la transformación que precisa
nuestro urbanismo, no sólo se puede dar sin crecimiento, sino que va implicar
decrecimiento de suelo urbanizable, será un gran logro, cuando se dé. No
parece probable. Y es que debemos recordar la enorme cantidad de suelo que se
ha clasificado en los últimos 30 años y que se continúa clasificando, una
cantidad excesiva, injustificada, socialmente injusta, económicamente
devastadora y ambientalmente insostenible.
En el litoral, que es el espacio más frágil de nuestra geografía y el
mas densamente poblado, la intervención urbanística presenta características de
devastación de sus valores paisajísticos y naturales. Hay que frenar la
especulación con el suelo cuanto antes.
Mejorar nuestras ciudades, acabando con el mantra del crecimiento
ilimitado, es el reto y la verdadera dimensión social que debe tener el
planeamiento urbanístico democrático.
Porque la burbuja inmobiliaria dejó rastros visibles e indelebles por
largo tiempo, como las viviendas vacías, las urbanizaciones y polígonos
industriales fantasma y los suelos de interés agrícola clasificados como
urbanizables que no precisamos urbanizar y sí proteger para garantizar la
soberanía alimentaria de nuestras áreas metropolitanas. Hay necesidad de poner
orden en el desorden generado por una actividad urbanizadora que no respondía a
necesidades sociales reales.
La Ordenación del Territorio exige la vertebración del mismo
recuperando y protegiendo los caminos públicos, impulsando las redes de
transporte público y de bicicletas, conectando de nuevo las ciudades con su
territorio, hoy fragmentado y lleno de barreras por las grandes
infraestructuras.
El problema del urbanismo es que la lógica de ordenación del territorio
y de la ciudad, lejos de estar centrada en la sostenibilidad, la habitabilidad
y el disfrute de las personas, ha quedado supeditado a formar parte del
engranaje del capitalismo financiero internacional y su dinámica especulativa.
Esa, y la falta de otras vías de financiación de los ayuntamientos, que se
llevan la peor parte en el reparto de los impuestos, es la que ha empujado a
los ayuntamientos a equilibrar sus balances poniendo en marcha la espiral
especulativa urbanística. Así que, de nuevo, como en otras facetas, encontramos
que el problema de fondo está en el capitalismo.
Publicado en Ecologismo de Emergencia el 31 de agosto 2019
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