LA CIUDAD SOSTENIBLE
El término “sostenible” se ha depreciado notablemente,
al no considerar en toda su dimensión lo que implica la sostenibilidad. Se ha
usado y abusado del término de forma no ajustada a lo que quiso expresar quien
lo acuñó, Gro H. Brundtland, primera ministra noruega a la que la ONU encargó
un informe en 1987, originalmente llamado “Nuestro
Futuro Común”. Según este Informe, “es
sostenible aquel desarrollo humano que satisface las necesidades del presente
sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”.
Hace ya unos
años que se asume mayoritariamente que el modelo de ciudad acorde a un
desarrollo sostenible, es la ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada
socialmente. La que hace un uso razonable de recursos, la que mejora la calidad
urbana y la calidad de vida de sus ciudadanas, la que logra disminuir emisiones
impulsando otra cultura de la movilidad y accesibilidad, la que multiplica las
zonas verdes, etc.
Para lograr
algo así, hay que definir las líneas estratégicas que lo hagan posible. Definir
la eficiencia
energética y el consumo razonable de recursos como
criterios centrales en los procesos de desarrollo urbano y favorecer un uso
eficiente del suelo, es decir, no crecer ilimitadamente, como así está sucediendo.
O adecuar la iluminación en el territorio municipal, de manera que se evite la
contaminación lumínica y se mejore la calidad del cielo nocturno. O evitar la
contaminación acústica controlando los niveles de ruido…
Para cumplir
esto es básico tener un proyecto de ciudad claramente definido, y en
colaboración con los agentes sociales y con la ciudadanía. Tienen importancia
para ello las propuestas vertidas en las agendas 21, por ciudadanos,
asociaciones vecinales y otros colectivos y que, a día de hoy, no se han visto
ejecutados en la mayoría de casos.
Por otro lado, hay que garantizar el derecho a la ciudad de sus
habitantes y con ello,
el derecho de acceso a la vivienda como uno de los objetivos centrales de la
actividad urbanística. Esto es, asumir el artículo
47 de la Constitución española, que establece el derecho de la ciudadanía
española a acceder a una vivienda digna, lo que incluye articular mecanismos de
acceso a vivienda protegida poniendo en marcha regulaciones que lo posibiliten.
No se han satisfecho las necesidades de vivienda de una parte importante de la
población, que no dispone de recursos suficientes. Sobre ello hay que actuar.
El parque
urbanístico construido a toda velocidad en los años de la burbuja, tampoco ha
cumplido los estándares adecuados desde el punto de vista de eficiencia
energética y aprovechamiento pasivo de energía. Por ello ha que abordar una
rehabilitación para llegar a una reducción del consumo energético de los
edificios, para, entre otras cosas, evitar la pobreza energética de usuarios de viviendas. Se debe favorecer la conservación, mantenimiento y rehabilitación
del parque existente. Limitar la construcción de nueva vivienda en tanto no se
reduzca el parque de viviendas vacías. Y cuando haya que construir, fomentar la
construcción bioclimática basada en la eficiencia energética de los edificios.
Hay asimismo que actuar respecto
al “metabolismo urbano” integrando el concepto de eficiencia energética en la
organización de las ciudades, en la ordenación urbanística, en la edificación,
en los sistemas de movilidad y accesibilidad y en la gestión urbana,
concienciándonos todas de las pautas de consumo razonables que frenen el
crecimiento de la demanda de energía.
Debemos reducir la
generación
de residuos y la contaminación, apoyando la explotación local,
ecológica y renovable y asegurando que el consumo de recursos naturales (agua,
suelo, atmósfera…) esté dentro de límites asumibles que permitan su renovación.
Entendiendo que los recursos que llamamos renovables, dejan de serlo cuando los
explotamos por encima de su tasa natural de renovación.
Sería una
buena cosa diseñar campañas de reducción del consumo, tanto en las compras
públicas, como en las privadas: limitación de grandes superficies comerciales,
fomento de los alimentos locales, ecológicos y de temporada, incentivos a los
mercados de segunda mano de muebles, aparatos eléctricos y electrónicos y
textiles y lucha contra la obsolescencia programada. Esto permitiría la reducción en la generación
de residuos y la reutilización: incentivos a la venta a granel, fomento del
consumo de agua del grifo, campañas de compostaje doméstico y comunitario,
sistemas de recogida para la reutilización en puntos limpios y comercios… Ello
también redundaría en una mejora de la recogida selectiva de los residuos para
su reciclaje: recogida separada de la materia orgánica, implantación de
sistemas de Depósito, Devolución y Retorno para los envases, etc… No
desarrollar nuevos proyectos de incineración y eliminar los permisos de quema
de residuos en las cementeras.
Se hace
necesario un modelo territorial compacto que minimice las necesidades de
movilidad de los ciudadanos, creando proximidad y acercando e integrando los
distintos usos. Hasta ahora se ha permitido y se siguen fomentando desarrollos
urbanísticos que propician la lejanía y separación de usos como cuando se
planifican grandes complejos comerciales en zonas donde ya hay un exceso de
oferta desagregada de servicios.
Nuestro
clima mediterráneo sugiere que busquemos soluciones arquitectónicas adaptadas a
la climatología local y a los recursos autóctonos renovables disponibles, es
decir, incorporar tecnologías eficientes (alumbrado público, climatización de
edificios públicos y sistemas de abastecimiento y depuración de aguas).
Un punto
importante en la ciudad se refiere al agua,
ya que es un recurso natural finito, aunque regenerable, cuyo uso debe basarse
en principios de racionalidad, mesura, equidad y solidaridad.
Es básico
asumir la necesidad del ahorro y la depuración del agua y garantizar la gestión
pública de un bien público. Promover la gestión de la demanda del agua en las
ciudades, redactando ordenanzas que obliguen a la instalación de sistemas
ahorradores en viviendas, instituciones públicas y privadas e industrias y
limitar el uso del agua en jardinería.
Realizar una
gestión integral sostenible del ciclo urbano del agua (captación,
transporte, almacenamiento, potabilización, distribución, consumo, saneamiento,
depuración, reutilización y vertido). Esto debe ser una prioridad de la
política urbanística. Y reducir la producción de residuos, potenciando el mercado
de productos reciclados, recuperando productos a través de mercados de segunda
mano, recuperando envases, sobre todo los de vidrio, como se hacía antaño, ya
que se ahorra más energía y materiales que con el reciclaje, mediante la
exigencia a las industrias productoras de hacerse cargo de la recogida y
devolución al ciclo, de dichos envases etc…
Otro factor imprescindible a considerar es la Biodiversidad y los
Espacios Libres en los Sistemas Urbanos. La ciudad es
un ecosistema que alberga una biodiversidad propia y específica, compatible con
los usos humanos. Considerando nuestro clima mediterráneo y la orografía
específica que se dé en cada ciudad, las zonas verdes y ajardinamientos deben
diseñarse con una visión bastante diferente a la que se viene ejecutando, ya
que no se tiene en cuenta qué especies están mejor adaptadas a nuestra realidad
climática de elevadas temperaturas estivales y escasez estacional de lluvias, para la cual no son aconsejables las
grandes zonas de césped que consumen cantidades nada despreciables de agua, o
la elección de especies arbóreas o arbustivas que también lo requieran. O un mantenimiento que abusa de
productos fitosanitarios agresivos para el ambiente y la salud de los
ciudadanos, las podas severas que debilitan la estructura de los árboles y
dificultan la labor que éstos hacen protegiendo de la excesiva insolación
estival y del efecto “isla de calor” que se produce en el interior de las zonas
urbanas más densas y con más cantidad de cemento.
Hay que aumentar
la superficie de suelo con vegetación y reducir el efecto barrera de
urbanizaciones e infraestructuras. Tenemos en nuestras ciudades demasiados
suelos impermeabilizados bajo cemento y asfalto sin necesidad. Y ello repercute
negativamente en la absorción de las aguas de lluvia, escorrentías indeseadas y
sobresaturación en determinados momentos de las redes de alcantarillado, además
de otros efectos nocivos de la impermeabilización de suelos, que no se suelen
tener en cuenta.
Limitar la
impermeabilización de más suelos en ambientes urbanos y periurbanos se
traducirá en evitar inversiones en medidas de protección frente a inundaciones.
Los suelos bien formados propician la infiltración, limitan la erosión y la
escorrentía superficial y mejoran la calidad del agua al infiltrarse. Esto
supone legislar para que las ciudades sean compactas y no devoradoras
insaciables de superficie y de los recursos con ella asociados.
En el caso
de los periurbanos forestales o con vocación de serlo: Preservar y/o recuperar
estos espacios y protegerlos (Ejemplo: Parque Natural de los Montes de Málaga) conlleva
ventajas ya que limita inundaciones en el caso de orografías complicadas,
limitan erosión, disminuyen huella de
carbono de la ciudad que rodean, y se le da un uso social al espacio.
Hay tareas fundamentales:
vertebrar los territorios urbanos, rurales y naturales a través de la gestión
de las vías pecuarias, o en nuestra costa, la andaluza, -que ocupa un 9% de la
superficie de Andalucía y acoge al 40% de su población-, y donde el mercado
inmobiliario de la franja costera andaluza está más que sobredimensionado. Son
muchos los municipios que se han desarrollado más allá de lo necesario y
aconsejable, además son muchas las urbanizaciones diseminadas y aisladas que se
encuentran semivacías y que son insostenibles desde el punto de vista de la
movilidad y que rompen la continuidad de ecosistemas valiosos en los que se
asientan.
Afirmó el consejero de la Junta de Andalucía
en la anterior legislatura, que en la franja de los 500 metros hay capacidad
para la construcción de unas 143.000 viviendas y se aplicó a la aprobación de
una modificación de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía en la línea de seguir impulsando medidas de
flexibilización y agilización de los procedimientos urbanísticos para que el
urbanismo se convierta en el aliado de la recuperación económica. Eso lo
encaminaba y lo encamina a la insostenibilidad.
En fin, que la Gestión Urbana es fundamental y precisa de la participación de las que la habitamos. Y de un urbanismo menos especulativo y más sostenible de verdad, porque el entorno, en este caso el urbano, es un patrimonio insustituible que, como tal, se ha de preservar para su disfrute colectivo.
Publicado en
Contrainformación.es el 10 de mayo 2019
Comentarios
Publicar un comentario