Dulces fresas con amargo regusto para el ecofeminismo
Está de actualidad estos días la situación denunciada en los campos de frutos rojos sobre las condiciones en que se tienen a las jornaleras venidas para cosechar esos frutos. Se ha pretendido desde el parlamento andaluz dar un apoyo expreso al sector agrícola onubense en su conjunto, como fuente de generación de riqueza, empleo y desarrollo social. Sin embargo, nos parece que adolece de rigor y pinta un panorama que, no se ajusta demasiado bien a la realidad del sector agrícola onubense, ni al del sector en el resto de España.
Se trata de un desarrollo basado en un modelo claramente
insostenible, depredador de recursos y precarizador de condiciones laborales y condiciones
de vida de temporeras y jornaleras agrícolas. Muy triste nos parece, que esa
precarización se cebe especialmente en las mujeres, una vez más. Y a raíz de
que tres responsables de fincas estén siendo investigados por abusos sexuales,
se levantan voces defendiendo las bondades del sector y sus logros. Pero no
podemos por menos que denunciar que esos logros son, una vez mas, económicos y
no equitativamente repartidos, conseguidos generando una gran deuda ecológica y
social. Por supuesto que hay agricultores y empresarios del sector (sí, en
masculino) que ofrecen condiciones laborales dignas, pero habrá que reconocer
también que las ONGs que trabajan sobre el terreno, llevan años denunciando
abusos. Este año ha sido especialmente truculento al ser 17.000 mujeres
temporeras, las recibidas. Unas 6.000 repetían de años anteriores, sin embargo,
unas 11.000 han venido a trabajar a los campos de Huelva tras petición de la
patronal fresera, y bajo la autorización del gobierno central. Con reuniones de la Mesa de la contratación
en origen (gobierno central, junta de Andalucía, patronal y sindicatos) Nos
preguntamos si la subdelegación del gobierno en Huelva, o la Junta de
Andalucía, en su dirección general de políticas migratorias han aumentado los
recursos: edati (cuerpo especial de
la guardia civil en temas migratorios), inspección de trabajo, mediadores
sociales y culturales, servicios sociales, sanitarios, etc…) para recibir este
contingente de 17.000 mujeres.
Son mujeres en situaciones muy vulnerables las que terminan
estando al final del último eslabón de esta cadena. Un sector donde la igualdad
de género ni existe ni se vislumbra de momento. Manijeros y responsables de
fincas, con poca supervisión de las empresas y las administraciones públicas,
son los encargados de cientos de mujeres a las que en muchas ocasiones tratan con
insultos, amenazas y vejaciones.
Son las mujeres las que se agachan a recoger los frutos, las
que están bajo los plásticos, siendo los puestos de responsabilidad de fincas y
naves de envasado, los ejercidos por hombres. Por ello el modelo agrícola,
tanto en el sector de los frutos rojos como el promovido en general adolece de
defectos identificables a los que poner remedio cuanto antes.
No podemos dejar de preguntamos qué está pasando alrededor de
la contratación en origen. En el contingente de este año, la mayoría eran
mujeres marroquíes, contratadas a través de un convenio con Marruecos, donde
una agencia de colocación marroquí (ANAPEC) se encarga de la selección. En su
mayoría escogidas con un perfil: mujer, mediana edad, con cargas familiares,
separada o viuda… Este año han llegado mujeres que no hablan nada de español,
ni siquiera francés, de zonas rurales aisladas de Marruecos, con un nivel de
alfabetización muy bajo. No se les había explicado su trabajo en los campos de
fresa. Mujeres que firman contratos en español con un X. Mujeres que han sido
hacinadas en fincas. Que venían para trabajar tres, cuatro meses, desde
principios de abril. Por “no consecución de objetivos”, a mediados de mayo,
algunas sólo habían trabajado 8 días tras ser echadas del trabajo, y por tanto
de la finca donde vivían. Estas mujeres, que son desalojadas de las fincas
donde trabajan y viven, tienen que volver a sus países de origen costeándose el
viaje de vuelta (el empresario solo tiene obligación de pagar el viaje de ida).
Mujeres a las que se les ha retenido el pasaporte para que no abandonen el país
hasta que terminara la campaña, aun cuando no podían trabajar. Si a una
española, conocedora de sus derechos laborales y sociales, le cuesta denunciar
un abuso, ya sea sexual o laboral, podemos imaginar la dificultad con la que
estas mujeres se encuentran. Y tenemos que escuchar decir a la patronal fresera
que es todo un bulo. Cuando hay ONGs que llevan años denunciando las condiciones
de las personas, especialmente las mujeres temporeras, en los campos.
Este es el modelo social creado alrededor de unos beneficios
de casi 1.000 millones de €. Parece evidente que con la modernización del
sector en I+D+I y los beneficios económicos no es suficiente para afirmar que
hay desarrollo social alrededor de la riqueza y el empleo, porque ese empleo se
parece mucho a la explotación.
El 8 de marzo las mujeres, en ruidosa multitud salimos a reclamar
algo obvio. Pero persiste la negación de lo obvio. No sólo han denunciado
temporeras marroquíes, también lo han hecho temporeras españolas y si no existiera
la precariedad y la dependencia que tienen de un trabajo mal pagado para
subsistir, habría más denuncias. El valor de las exportaciones de las que
presume el sector descansa, aunque solo sea en parte, en situaciones de
explotación y abuso contra las mujeres como los recientemente denunciados.
El IV Congreso Internacional de Frutos Rojos (por cierto, con
19 ponentes hombres y solo 4 mujeres), desarrollado recientemente, no abordó
esta otra realidad del sector. Ni la más mínima preocupación por el deterioro,
a pasos agigantados de parte de los recursos de la provincia, ni por el
problema que genera, la negativa de China a seguir haciéndose cargo del
plástico sobrante en las explotaciones, ni por el peligro y la amenaza que
pueden suponer las balsas de Rio Tinto que, según denuncian asociaciones
ecologistas, EQUO e informes de la universidad de Huelva, presenta síntomas muy
parecidos a los de Aznalcollar antes de reventar. Ni, por supuesto, qué puede
pasar con la reapertura de la Mina de Aznalcollar y sus influencias en la zona
de Doñana, y que repercusiones podría tener en la credibilidad internacional…
Respecto a los regadíos, se ha pasado a un grado de
insostenibilidad con extracciones ilegales y aumentos de Has. regadas que hacen
peligrar todo el sector. Con el trasvase de aguas de la cuenca
del Piedras, el Tinto y el Odiel a la cuenca del Guadalquivir, no se
solucionará el problema que ya es estructural por el exceso de regadíos, muchos
de ellos ilegales. Y esto no es exclusivo de Huelva, sino que es un problema
generado por un modelo agrícola equivocado, que además de la explotación
laboral, explota más allá de lo recomendable, la materia prima de la que se
nutre, esto es, agua y suelo.
A pesar de hablar de calidad y de agricultura ecológica, no
quieren referirse a la balsa de fosfoyesos que, todavía hoy, Fertiberia tiene
en la Punta del Sebo, y que es, o debería ser, una vergüenza para quien lo
permite y consiente, porque afecta a todo el sector de los frutos rojos, si es
que aspira a ser tomado en serio por los mercados internacionales.
En fin, ¿qué hacer con el plástico sobrante en las
explotaciones? Y con las balsas de fosfoyesos ¿qué hacer? Si apareciese un
artículo en una revista alemana denunciando que se están produciendo y
CERTIFICANDO fresas ecológicas muy cerca de una balsa con residuos tóxicos y
peligrosos, incluido Cesio 137… ¿Diremos también que se trata de una campaña de
desprestigio del sector?
Se oyeron en ese congreso defensas cerradas en torno al
sector pintando escenarios inmejorables, modernizaciones, empresas
competitivas y mercados exigentes…. Frases que lo mismo valen para el sector de
los frutos rojos, que para el sector del porcino o para las vacas de cría. Es
decir, discursos planos y absolutamente sesgados por el ideario economicista y basado
sólo en el PIB. Si de verdad las administraciones competentes y los empresarios
consideran estratégico el sector agrario onubense, deberán dar la vuelta al
modelo (agrícola y laboral) y poner a las personas antes que al beneficio y al
PIB. Eso significa plantear un futuro capaz de abordar los retos que enfrentamos.
Estos no son baladíes y requerirán grandes dosis de resiliencia para superar
los deterioros ambientales y las injusticias sociales, incluidas las de género,
que el actual modelo está produciendo.
Carmen Molina y Laura Limón
Publicado
en Ecologismo de Emergencia Blog de Público.es el 3 de julio de 2018
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