AYUDAS AGRARIAS Y PAC. Retos a futuro
Este mes de
noviembre, el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, presenta su
propuesta de reforma de la PAC. Se filtraron antes algunas de las cuestiones
que se van a presentar a los Estados miembros. Algunas son:
- introducir un importe máximo de
pago directo por beneficiario en el rango entre 60 000 EUR y 100.000 €.
- Soporte mejorado a granjas más
pequeñas, en particular a través de un pago redistributivo;
- Enfocar las ayudas en aquellos
que dependen de la agricultura para ganarse la vida.
Estos son
planteamientos acertados que, sin embargo, también fueron propuestos en la PAC
ahora vigente y no fueron bien acogidas, ni consiguieron imponerse. Espero que
lo sean esta vez.
En ese
sentido, el Gobierno de Aragón ha lanzado una propuesta de reforma de la
Política Agraria, que introduciría cambios profundos respecto al statu quo
actual y uniría todas las líneas de subvenciones en una única, destinada
directamente a compensar la renta de agricultores y ganaderos. Eso conlleva la
eliminación de los derechos históricos actuales. Según dicen, sería un sistema
que primaría a quienes más dependen de la agricultura y mayor contribución
hacen a su mejora, e implica una gran simplificación, al unificar un centenar
de líneas de ayudas PAC diferentes que actualmente suponen un “laberinto
administrativo” y perjudican al agricultor.
Pero mas allá de estas consideraciones de distribución del presupuesto, sobre las Políticas Agrarias Comunitarias, lo primero que conviene destacar, aunque pueda parecer obvio, es que al hablar de PAC estamos refiriéndonos a POLÍTICAS que se enmarcan en el espacio EUROPEO y que pretenden ser COMUNES. No se trata solo de dinero a repartir entre los agricultores y ganaderos que cumplan ciertos requisitos, es algo bastante más serio y con mayores implicaciones para la sostenibilidad de nuestras sociedades actuales y venideras.
Hay que
saber que, hasta ahora, buena parte de las subvenciones europeas agrícolas, van
a parar a manos de grandes corporaciones multinacionales que hacen de
intermediarios en la cadena de valor de las producciones agrícolas. Esto tiene
consecuencias que afectan, tanto a los pequeños agricultores, que a duras penas
sobreviven en la precariedad a que se ven sometidos por esta falta de apoyos,
como al progresivo deterioro ambiental que generan las explotaciones agroindustriales
en intensivo. Y acarrea el progresivo abandono a causa de la falta de
expectativas en el rural, de manera que no está habiendo relevo generacional en
una actividad tan importante como la producción de alimentos. Una conclusión a
la que llegamos en jornada organizada por Primavera Europea en el Parlamento
Europeo fue categórica: “los agricultores europeos son una especie en vías de
extinción si no se toman las medidas necesarias para remediarlo”
De vez en
cuando nos recuerdan, porque sale a la luz y lo publica algún medio, que los
beneficiarios en nuestro país, de las ayudas asociadas a la producción que
llegan desde Europa, las reciben personas u organizaciones que forman parte de
las mayores fortunas de España. Y, eso, teniendo en cuenta que la PAC se creó
para mejorar la productividad agraria y garantizar a los agricultores de la UE
una vida razonable, resulta chocante. Así como resulta chocante que estas corporaciones
necesiten ayudas siendo intermediarios, teniendo en cuenta que, con lo que negocian
es con la alimentación y que, además controlan los dos extremos de la cadena,
esto es, exigen a los agricultores
cumplir determinados requisitos de supuesta calidad, aspecto, calibre… que
obliga a estos a producir por encima de lo que esperan vender, sabiendo que
tendrán que deshacerse de casi un tercio de lo que producen (lo que es un
despropósito) y asimismo por el otro
extremo de la cadena, deciden lo que el consumidor final va a consumir, en qué
formato y con qué características.
Analizando la
situación y las políticas por las que han apostado tanto el gobierno central
como las CCAA, se puede decir que, en los periodos de negociación con la UE, las
posiciones han sido bastante coincidentes, aunque por motivos diversos. Sin
embargo, da la impresión de que no ha habido ni hay una línea estratégica clara desde el MAPAMA ni tampoco desde las
Autonomías respecto al modo de incentivar nuestro sector agrario, tan
maltratado desde el punto de vista de la defensa de los principales actores,
que son los agricultores y ganaderos que mantienen, cuidan y preservan nuestros
recursos.
La Política Agraria
Común debe enfrentarse a desafíos como la soberanía
alimentaria, el cambio climático,
la gestión sostenible de los recursos
naturales y el mantenimiento de una
economía rural viva.
Cabe también
decir, que el marco que parece más adecuado en aras del interés común de los
ciudadanos europeos y no sólo de sus agricultores y ganaderos, viene mejor
definido por La expresión “SOBERANÍA ALIMENTARIA” que no “SEGURIDAD
ALIMENTARIA”: Porque más allá de la trazabilidad que queramos tener sobre los
productos agrarios y de garantizar el sustento de la población, lo que es
crucial, tanto para la economía como para la sostenibilidad de la vida, es
garantizar que los territorios sean soberanos para alimentarse a sí mismos sin
tener que producir para los grandes mercados globales en manos de especuladores
financieros, a costa de poner en riesgo su autoabastecimiento de alimentos
básicos. Por ello, la mejor inversión de las ayudas agrícolas debería estar
orientada a promover una agricultura con criterios que garanticen el futuro de
un sector donde se constata el envejecimiento y falta de relevo generacional
por las escasas perspectivas de alcanzar niveles de vida dignos, máxime teniendo
en cuenta que, los agricultores son los que mantienen y cuidan los tres
recursos más amenazados a nivel global por la actividad agrícola, que son: agua,
suelo y biodiversidad.
El Pilar 2 de la PAC, fundamental para ofrecer futuro al mundo rural, se destina al
desarrollo rural y medidas agro-climático-ambientales. Sobre este segundo
pilar, el MAPAMA ha pretendido dejar sin fondos los proyectos piloto de la Red Rural Nacional, que generaron
buenos resultados en periodos anteriores. Habría interesantes oportunidades si
se apostase decididamente por los circuitos cortos de comercialización, por
apoyar y facilitar la conversión a agricultura ecológica, cuidadosa con el
entorno, el apoyo a la ganadería extensiva, la introducción de
agrobiodiversidad local, o el apoyo a otras formas de manejo sostenibles.
También apoyo a la mujer rural, ya que las cifras ponen de manifiesto su escaso
peso, el 67% de la titularidad de las tierras pertenece a hombres. Habría que
incluir criterios que favorezcan la equidad en la concesión de subvenciones
para reducir la desigualdad que sufren las mujeres en el ámbito rural.
Por muchas
de estas cuestiones, la PAC es una de las políticas más criticadas de la UE. Y
por ello, la revisión que se está haciendo ahora de la misma, tiene que servir
para orientar el modelo agrícola europeo hacia una mayor sostenibilidad y
equidad. Se precisa que las inversiones vayan destinadas a la agricultura y
ganaderías ecológicas, extensivas y familiares, y en pro de los bienes comunes
y de la soberanía alimentaria. Una política agraria orientada a pequeños y
medianos productores, que contribuya a fijar población en zonas rurales,
evitando el despoblamiento de pueblos y regiones.
Por otro lado,
es imposible repensar la política agraria sin tener en cuenta el gran reto de
este siglo XXI, el cambio climático.
Es realmente urgente invertir en una agricultura resiliente, por el importante
rol que juega la agricultura en la mitigación y adaptación al cambio climático.
Retos
importantes y urgentes de abordar. Retos que atañen a las decisiones que se
acaben adoptando en las políticas agrarias que finalmente se trasladen a cada
estado miembro y a cada autonomía. No puede ser una utopía la consecución de
consensos para el futuro, porque la política agraria es básica y, en realidad
tiene que plantearse, no solo como política agrícola, sino agro-alimentaria,
esa que se ve fuertemente afectada por acuerdos comerciales como CETA o TTIP.
Carmen
Molina Cañadas
Diputada en
Parlamento de Andalucía y coportavoz EQUO Andalucía
Publicado en
Ecologismo de Emergencia el 21 de noviembre 2017
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